Los Executioners de Compton

Los Executioners le hacen honor a su nombre, pero el condado ha gastado millones para mantener las cosas en secreto.

READ THIS ARTICLE IN:

• English (Inglés)

Parte de Una tradición de violencia, una extensa investigación de más de cinco décadas de abuso, terror y asesinato llevados a cabo por pandillas dentro del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles.

Advertencia de contenido: Esta serie detalla explícitamente los actos de violencia (incluido el asesinato) llevados a cabo por funcionarios de ejecución de la ley. Por favor cuídese de sí mismo y vea cómo se siente antes de elegir leer.     

Hay por lo menos 24 pandillas dentro del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Funcionarios de varias agencias gubernamentales, incluida la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, el Subcomité Senatorial de Conducta de Oficiales de Policía del Senado de California y la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos han escuchado testimonios sobre la violencia infligida a las comunidades a manos de pandillas de agentes. Las pandillas de agentes han asesinado por lo menos a 40 personas, todas ellas hombres de razas oprimidas. Por lo menos 10 de ellos tenían una enfermedad mental. El condado de Los Ángeles mantiene una lista de demandas relacionadas con las pandillas de agentes. Los litigios relacionados con estos casos le han costado al Condado poco más de $100 millones durante los últimos 30 años.

En la sección 186.22 del Código Penal de California, una pandilla criminal se describe como cualquier organización o grupo de tres (3) o más personas que
1. tiene un nombre, símbolo o signo de identificación compartido
2. tiene, como una de sus actividades principales, la comisión de una de una lista larga de delitos en California y
3. cuyos miembros se han involucrado en un "patrón de actividad de pandillas criminales" … solos o colectivamente.

Las pandillas de los sheriffs encajan en la descripción.

A pesar de las peticiones de Knock LA, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles no proporcionó comentarios para la serie.

El departamento del sheriff del condado de Los Ángeles ha adoptado la cultura de las pandillas de agentes durante los últimos 50 años. Aunque los nombres han cambiado, todos estos grupos participan en la aterrorización sistemática de las comunidades a las que han jurado servir y proteger. John Sweeney, abogado de derechos civiles que lleva 40 años ejerciendo en la zona de Los Ángeles, afirma que el departamento ha seguido empeorando. “Sólo en los últimos 15 años se ha producido un aumento de estos tiroteos policiales. Especialmente en el distrito de mando sur que es la estación de Compton, la estación Century, la estación del sur del Los Ángeles, y la estación del este de Los Ángeles. Son notorios por la aparición de estas pandillas, y son notorios por violar los derechos civiles de los ciudadanos.”

Desde al menos 2016, una pandilla de agentes llamada los Executioners ha merodeado por las calles de la ciudad de Compton. WitnessLA reporta que los Executioners fueron fundados por el ex- 2000 Boy Andy Toone, quien al parecer ya no trabaja en la estación de Compton. Cada uno de los miembros lleva tatuado un esqueleto con un casco nazi adornado con las letras CPT. El esqueleto sostiene un rifle marcado con el número romano 28, rodeado de llamas. Sweeney afirma que un experto en tatuajes declaró que el diseño parece proceder de una plantilla. “Los Executioners tienen el símbolo, los Jump Out Boys tienen el símbolo, y varias otras personas tienen el símbolo, que es un esqueleto, un símbolo de muerte”.

Los tatuajes se conceden supuestamente por matar a un civil y se hacen en fiestas. Al parecer, los reclutas son elegidos para la pandilla en función de su propensión a la violencia contra los miembros de la comunidad. A los negros y a las mujeres no se les permite volverse miembros. Samuel Aldama, un miembro tatuado de los Executioners, declaró bajo juramento que tenía malos sentimientos hacia la gente afroamericana. Sweeney dice que la pandilla es racista. 

El agente Samuel Aldama bajo juramento al ser preguntado repetidamente si tiene “malos sentimientos hacia la gente afroamericana”. Confirma el sentimiento al final de la cinta.

La violencia cometida para promover la agenda de la pandilla se recompensa con permiso para saltarse turnos. Los que no obedecen a la forma de actuar de la pandilla reciben asignaciones no preferentes. Se calcula que la pandilla cuenta con unos 80 miembros. De los 100 agentes de patrulla de la estación de Compton, 40 están presuntamente afiliados a la pandilla. Los Executioners  han costado al condado de Los Ángeles al menos 7 millones de dólares, y la cuenta y el número de cadáveres sigue creciendo.

Una vida interrumpida

Sheldon Lockett vivía en el barrio de Harbor City de Los Ángeles. Era un talentoso jugador de fútbol americano que obtuvo una beca universitaria. A principios de 2016, trabajaba en Superior Grocers, en la zona de Crenshaw. Tras terminar su turno y fichar alrededor del mediodía del 15 de enero, decidió visitar la casa de su madrina en la zona de Compton. Lockett no tenía carro, así que tomó el autobús en dirección sur hasta Hawthorne. De ahí caminó hacia el este hasta que pudo pagar un Lyft y completó su viaje a la casa alrededor de las 2:38 PM.

Los agentes Samuel Aldama y Mizrain Orrego declararon en documentos judiciales que se produjo un tiroteo desde un carro en el número 910 de la calle Spruce en Compton, California, a las 3:05 de la tarde. Sweeney afirma que los registros de detenciones de ambos agentes muestran que detuvieron a personas de raza negra en una cantidad desproporcionadamente mayor a otros grupos. El relato de los agentes sobre el incidente es, en el mejor de los casos, incoherente.

Una persona resultó herida en el tiroteo y se emitió una llamada de radio por intento de asesinato. La descripción del sospechoso era mínima: una persona negra con una gorra azul que conducía un Pontiac plateado. Aun así, Lockett no coincidía con la descripción. Cuando estaba en el jardín delantero con dos amigos, Aldama y Orrego se acercaron en su vehículo patrulla. “Orrego y Aldama llegaron como vaqueros a gran velocidad, abrieron sus puertas antes de que el carro se detuviera, lo que es habitual en estos agentes que salen a intimidar, apuntándoles con sus armas”, dice Sweeney. “Hay un fenómeno psicológico en el que tu vida está siendo amenazada, o luchas o huyes. Y [Lockett] huyó”.

Sweeney dice que Aldama transmitió a un despachador que había visto a un hombre con un arma y pidió que la llamada se pusiera en Patch, lo que significaba que todos los agentes podían escuchar. “Si tienes una emergencia o quieres asegurarte de que todos los agentes oigan tu conversación con el operador, pides el patch y te conectan con todos los agentes de servicio de Compton. Todos los agentes van a llegar”. Aldama siguió persiguiendo a Lockett hasta un patio trasero, donde lo arrinconó y le propinó una fuerte paliza. Lockett también fue electrocutado y rociado con gas pimienta por otros agentes. Ortega se unió a ellos y Lockett afirma que ambos lo insultaron con palabras raciales despectivas. Cuando se le pregunta por qué los agentes atacaron a su cliente, Sweeney dice: “Estaban persiguiendo tinta y cualquier n***** serviría. Y puedes citarme en eso”.

A pesar de que era imposible que Lockett hubiera cometido el tiroteo, los agentes llevaron a una víctima del tiroteo al lugar donde Lockett había sido detenido. El condado alega que la víctima identificó positivamente a Lockett como el tirador. Basado en esto, Lockett fue detenido y puesto bajo custodia. Al día siguiente, la madre de Lockett presentó una denuncia ciudadana contra Aldama y Orrego por uso inconstitucional de fuerza excesiva. La denuncia nunca se investigó. El 20 de enero de 2016, Lockett fue acusado de intento de asesinato. Permaneció detenido durante unos siete meses. 

Aproximadamente un mes después del encarcelamiento injusto de Lockett, los agentes del sheriff registraron la casa de su madre y su marido. El registro se realizó mientras la pareja estaba fuera. Un vecino les informó de que el personal del LASD había entrado a su casa. Según la queja, los agentes presentes en el lugar declararon que buscaban un arma. Sweeney cree que el registro fue el resultado de la desesperación del departamento por presentar un caso contra Lockett. “Sabían que no era la persona adecuada… Los superiores siempre protegen a sus subordinados. Saben lo que pasa. Sabían que existía una pandilla. Los mandos lo sabían, el capitán lo sabía, sólo que no hicieron nada al respecto”. 

El caso de Lockett contra el condado sigue pendiente. Sweeney dice que el LASD nunca encontró a la persona responsable del tiroteo que inició el incidente. El caso contra Lockett fue finalmente desestimado. “Estuvo a punto de convertirse en una de esas estadísticas”, afirma Sweeney. “En veinticinco años, estás viendo las noticias y algún estudiante de derecho inteligente de Stanford en el Innocence Project [sale con] Sheldon Lockett viene con el pelo gris y barba”. Cuenta a Knock LA que Lockett se encuentra hoy en un estado “horrible” y sufre trastorno de estrés postraumático. “No confía en los agentes de policía. Cuando ve a un policía por el retrovisor se asusta, empieza a sudar. Han pasado cinco años desde su detención y sigue teniendo los mismos síntomas”.

La caza continúa 

Siete meses después de que Samuel Aldama y Mizrain Orrego detuvieran ilegalmente y golpearan a Sheldon Lockett, mataron a otro hombre en Compton. La familia contrató a Sweeney para el caso. Dice que todo el incidente podría haberse evitado si el departamento hubiera dado curso a la denuncia presentada por la madre de Lockett. “Todo lo que tenían que hacer era investigar… para ver que estos oficiales no decían la verdad”. Sweeney descubrió el caso de Lockett en el curso de la investigación de este tiroteo mortal.

El 25 de agosto de 2016, Aldama y Orrego fueron asignados a un destacamento de supresión de pandillas, una unidad asignada a áreas que el departamento considera que tienen una alta actividad de pandillas durante los meses de verano. Un informe del fiscal de distrito afirma que los agentes vieron a Donta Taylor, de 31 años, caminando por la avenida Wilmington cerca de la calle Brasil alrededor de las 8:26 PM. Los agentes declararon en un informe que detuvieron a Taylor porque llevaba un sombrero rojo con la letra “C”, lo que creían que simbolizaba la pandilla Cedar Bloc Piru. Los agentes contaron diferentes versiones de lo que sucedió después. Aldama dice que se detuvo junto a Taylor y le preguntó si estaba en libertad condicional o provisional, a lo que Taylor dijo: “No estoy”, sacó una pistola, y corrió. Orrego dice que Aldama se detuvo y que cuando salió del vehículo, Taylor sacó una pistola y huyó. Nunca se recuperó el arma. 

Taylor huyó por un sendero cercano que da a una escorrentía de agua. Sweeney dice que Taylor huyó por miedo. Mientras Aldama y Orrego perseguían a Taylor, pidieron que se transmitiera por Patch que estaban persiguiendo a un hombre armado, igual que hicieron con Sheldon Lockett. “Corrió igual que Sheldon Lockett. Pero Sheldon Lockett tenía testigos y vivió para contarlo”, dice Sweeney. “Donta Taylor, era de noche en una sección desolada y backwashed de Compton y la muerte le selló los labios. Así que nunca sabremos la verdad absoluta”.  

Después de que el juez del tribunal superior de Los Ángeles, Michael P. Vicencia, dictaminara que Aldama y Orrego tenían que revelar si conocían los nombres de los agentes que tienen tatuajes de calaveras iguales en la estación de Compton, el condado llegó a un acuerdo en el caso por 7 millones de dólares, financiados por los contribuyentes. Los residentes del condado de Los Ángeles también pagaron los honorarios de los abogados de ambas partes. “Creo que querían hacer que se olvidara y no querían que hubiera consecuencias políticas para el sheriff McDonell, que se presentaba a la reelección”, dice Sweeney. McDonnell perdió su candidatura a la reelección frente al sheriff actual Alex Villanueva, que tiene un historial con varios agentes afiliados a pandillas. Orrego fue dado de baja del departamento en 2017. Aldama fue trasladado a otra estación, y parece que actualmente trabaja como agente.

Art Gonzalez habla

En el verano de 2020, los Executioner se habían apoderado por completo de la estación de Compton, según un agente que intentó denunciarlos. Austreberto “Art” González empezó a trabajar para el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles en 2007. Antes de incorporarse al departamento, sirvió en el cuerpo de Marines. También es padre de una hija pequeña con una enfermedad grave que requiere atención y cuidado constantes, lo que le obligó a tener un horario de trabajo especial. 

En 2016, González intentó obtener una baja laboral para poder cuidar de su hija. El subcomisario Jaime Juárez, el llamado mandamás que sucedió a Toone como comandante de los Executioners, era entonces el agente de formación y programación. Al parecer, Juárez formaba parte de una reforma impulsada por el ex-sheriff Jim McDonnell que colocaba a los agentes que habían estado implicados en múltiples tiroteos mientras estaban de servicio detrás de un escritorio. Juárez aprovechó esta oportunidad para controlar el funcionamiento de la estación. 

Juárez se negó a complacer la petición de González y lo colocó en un turno de madrugada que no podía completar sin abandonar las necesidades de su hija. El cambio se hizo supuestamente para acomodar las necesidades del agente Jesús Sandoval, un Executioner tatuado. González afirma en una queja presentada ante el condado que sus supervisores no quisieron mantener una conversación con Juárez sobre la solicitud de tiempo libre debido a los vínculos de Juárez con las pandillas. Cuando González se quejó de la situación al sargento de programación y formación López, éste le informó de que apoyaría a Juárez. González dice que se vio obligado a tomar licencia familiar pagada.

En 2017, después de que González regresara, el capitán de la estación de Compton, Michael Thatcher, supuestamente implementó una política ilegal de cuotas de arrestos, en la que los agentes recibieron instrucciones de arrestar a personas por delitos menores que normalmente no darían lugar a una citación, y mucho menos a un arresto. González afirma en su demanda que durante ese tiempo fue compañero de la agente Iliana Vargas, que era novia de Juárez. Vargas rutinariamente hacía arrestos por delitos menores e inmediatamente liberaba a la persona en el campo para sesgar las estadísticas de arrestos como un favor a Thatcher. 

Unas semanas después de la implementación de la política, el teniente John Wargo celebró una reunión informativa y dijo a los agentes que sus estadísticas de arrestos eran demasiado bajas. Wargo también dijo que su trabajo era arrestar a la gente, "así que vayan a hacer su trabajo". A los agentes con bajas cifras de detenciones se les asignaron tareas descritas como indeseables, como la recepción de la estación, la sección de tráfico o el centro comercial de Compton Town.

González y los agentes Jonathan Alcalá y Gabriel Guzmán se quejaron de las cuotas ilegales de detenciones al sargento Andy Leos, Sargento comandante guardia interino, quien admitió que los agentes que no cumplían las normas eran objeto de represalias. Al parecer, Leos levantó la voz y dijo a los agentes: “Deberían haberlo sabido... Hagan su trabajo, estoy intentando salvar su carrera”. Alcala dijo a Leos que hacer su trabajo significaba completar llamadas de servicio para la comunidad. Después de la reunión, Alcalá, Guzmán y González fueron puestos en servicio de tráfico. Alcalá estaba previsto que ascendiera a la oficina de asignaciones especiales, pero Leos informó al sargento al mando de la oficina de que no le concediera el traslado. La media de detenciones por agente en Compton subió de 2,5 detenciones al mes a 7. Thatcher convocó una reunión con los agentes para decirles que estaba contento con los resultados de su política ilegal. 

Los Executioners mantienen el control de la Estación de Compton instituyendo desaceleraciones laborales en respuesta a las políticas que no les gustan. Una desaceleraciones ocurrió en 2019, cuando el mandamás Juárez se enfrentó al teniente de la estación Larry Waldie Jr. y exigió que Waldie sustituyera al Agente adjunto de formación y programación actual por el agente Executioner Anthony Bautista. La pandilla quería el control de ese puesto porque el agente era responsable de asignar turnos y conceder días libres. Waldie dijo a Juárez que no se dejaría intimidar por la pandilla. En respuesta, Juárez y los Executioners aplicaron una reducción de la jornada laboral. Los agentes siguieron recibiendo sus salarios completos por completar poco o ningún trabajo. Waldie informó al capitán Thatcher de las payasadas de la pandilla, y Juárez fue trasladado a la estación de City of Industry. Pero Waldie fue desautorizado más tarde y Juárez regresó a Compton.

Los Executioners en el centro de atención

En el verano de 2019, los agentes quienes supuestamente formaban parte de los Executioners protagonizaron dos incidentes que llamaron brevemente la atención de los medios locales. En junio de 2020, TMZ capturó a tres agentes de Compton golpeando severamente a un hombre. Mientras el hombre es sujetado en el suelo por el grupo de agentes de la paz, le dicen que se tire al suelo. A continuación, comenzaron a darle puñetazos y patadas en repetidas ocasiones. WitnessLA reporta que los tres agentes eran Executioners. El 3 de julio de 2019, agentes persiguieron un vehículo cuyo propietario era el rapero YG por Compton. El personal del LASD afirmó que los ocupantes del vehículo tenían un AK-47, que nunca se recuperó. Los agentes en persecución dispararon contra el vehículo, matando a Rick Starks, de 65 años. Mary Starks dijo a KCAL9 que su hijo había ido en bicicleta para comprarle cigarrillos, como era su costumbre, cuando fue asesinado. 

El 25 de octubre de 2019, el agente González fue ascendido a oficial de entrenamiento de campo. Su primer aprendiz fue el agente David Battles, quien completó su período de foramción con González en enero de 2020. El Oficial de formación principal le dijo a González que había hecho bien su trabajo. Un mes después, el Executioner Edwin Barajas dio notas bajas a Battles y como resultado no pudo seguir la formación. González cree que Batallas fue castigado por su asociación con el otro. 

Los Executioners empezaron a volverse más agresivos con sus compañeros del LASD. El agente Eugene Contreras regresó a la estación de Compton en 2020 tras una asignación temporal en la oficina de asuntos internos (IAB por sus siglas en inglés). Según la queja de González, Contreras intimidó a los agentes intentando mejorar su reputación con la pandilla. En febrero de 2020, Contreras trabajaba como oficial de entrenamiento de campo (FTO por sus siglas en inglés). Amenazó a otro FTO, el agente Thomas Banuelos, lo que llevó a Contreras a agredir a Bañuelos mientras estaba de servicio. Al parecer, la agresión también se produjo para aumentar la reputación de la pandilla. Contreras fue incluido en la lista de promoción al rango de sargento.

El 8 de febrero de 2020, Bañuelos envió un mensaje de texto a González y le habló del comportamiento violento de Contreras. González hizo lo que creyó era un reporte confidencial a la IAB. Sin embargo, González afirma que se enteró de que los Executioners se habían infiltrado en asuntos internos. La pandilla obtuvo una grabación de su llamada telefónica realizando la denuncia. González fue abordado por Alcalá, quien le informó de que “[Los Executioners] dicen que fuiste tú quien llamó a asuntos internos”. 

González temía sufrir represalias violentas a manos de la pandilla, por lo que se tomó varios días de vacaciones. Cuando regresó, dijo al teniente de operaciones Ruiz que había sido él quien había presentado la denuncia y que deseaba permanecer en el anonimato. Pidió otra semana de baja por miedo. Durante el tiempo que estuvo fuera de la estación, Alcalá le envió por mensaje de texto una foto de un graffiti en un lugar muy visible de la estación en la que se podía leer: “AR ES UNA RATA”. González también habló con la capitana LaTonya Clark sobre la pandilla y su miedo a las represalias. 

Clark informó a González de que investigadores de la Oficina del administrador querían hablar con él. Al día siguiente, dos investigadores se presentaron en la estación sin previo aviso y solicitaron hablar con González en la recepción. González dice que esto le puso aún más en peligro porque ahora toda la estación sabía que los investigadores estaban ahí. El agente Anthony Bautista, que actuaba como agente de guardia, dijo al agente Adrián García, compañero de González, que “dos investigadores de asuntos internos están aquí para hablar con González, así que ven aquí”. González se reunió con los investigadores y les dijo que quería permanecer en el anonimato debido a la amenaza de violencia de la pandilla. También dijo que cualquier reunión futura tendría que celebrarse en otro lugar que no fuera la estación de Compton. 

Cuando González regresó de su permiso, se dirigió a él el sargento Frank Barragán, quien le reprendió por utilizar el permiso familiar pagado para cuidar de su hija. Barragán le dijo que, como consecuencia, iba a ser degradado del puesto de oficial de entrenamiento de campo diciendo: “Sería un perjuicio para tu aprendiz que te tomaras días FMLA libres”. González afirma que no había utilizado ningún tiempo libre concedido por el estado en los días en que estaba formando al nuevo agente. Barragán también le dijo a González que, “hay dos maneras de hacer esto, puedes voluntariamente no tomar aprendices y la otra manera es que empecemos a documentar”, lo que González entendió que significaba que a menos que aceptara la degradación, Barragán comenzaría el proceso de “documentar” a González para la disciplina, preparándolo para ser despedido. González se sintió amenazado y firmó un documento que Barragán había preparado en el que declaraba que renunciaba voluntariamente a su puesto como FTO. 

Barragán autorizó el uso de FTOs “temporales” después de la reunión, y se le dio el puesto a Juárez. Bautista, un Executioner tatuado que trabajaba en el despacho, empezó a dirigir un número excesivo de llamadas a González en comparación con otros agentes del mismo turno. Cuando González se quejó a su supervisor, el teniente Ruiz, éste le dijo que podía presentar otra queja a asuntos internos. A González no le pareció una opción viable. Pidió el traslado a otra estación y se reunió con los investigadores que visitaron de nuevo la estación. El capitán Clark le dijo que podía empezar a trabajar inmediatamente en la estación del este de Los Ángeles, hogar de la pandilla de los Banditos. Finalmente, la solicitud de traslado de González fue denegada.      

Entre marzo y abril de 2020, González afirma que Barragán le llamó y le dijo que lo iban a colocar en el turno de madrugada. González se negó porque el horario no le permitiría cuidar de su hija. Barragán dijo en respuesta que el tatuado Executioner Contreras también estaría en el turno de día con González, quien interpretó que eso significaba que sería acosado por la pandilla en el trabajo. Dos semanas más tarde, Ruiz le dijo que podía dejar la patrulla para ser destinado a la oficina de detectives (DB por sus siglas en inglés), donde se encargaría de presentar casos en nombre de la estación en el juzgado de Compton. González aceptó el traslado a la DB y lo vio como una oportunidad para alejarse de la pandilla. Sin embargo, Bautista fue prestado a la DB y utilizó un portalápices, un ratón y una alfombrilla de ratón adornados con el logotipo de los Executioners. Su salvapantallas mostraba una foto en blanco y negro de un vehículo del departamento del sheriff rodeado de personas que parecen estar detenidas. El pie de foto decía: “¡¡¡Algunos trabajaban en Compton, otros sólo decían que lo hacían!!!”.

Ganarte tu tinta

Los Executioners estuvieron detrás de varios incidentes violentos en la zona de Compton en el año 2020. El 13 de abril, Jesús Alegría, de 23 años, estaba en Wilson Park andando en skate cuando los agentes Miguel Vega y Christopher Hernández se acercaron en un vehículo patrulla. El agente Miguel Vega había sido entrenado por el agente Contreras, un Executioner que acosó a González, reporta WitnessLA. Según una queja presentada por Alegría contra el condado, Vega y Hernández comenzaron a intimidar y acosar a los jóvenes reunidos en torno al parque. Alegria les dijo a los agentes que dejaran en paz a los jóvenes. Vega y Hernández se acercaron a Alegría, lo agarraron por la muñeca y lo metieron en la parte trasera de su carro patrulla. Los agentes condujeron con Alegría en el asiento trasero sin esposas ni cinturón de seguridad, lo que infringía la política del departamento. Alegria contó al Los Angeles Times que los agentes le amenazaron con dejarlo en un barrio controlado por una pandilla y decirle a la gente de la calle que pertenecía a sus rivales. 

Mientras conducían, los agentes vieron a un grupo de adolescentes en bicicleta. Vega aceleró hacia ellos mientras se dispersaban. Hernández salió del vehículo y empezó a perseguir a pie a algunos de los chicos. Alegría dice que los agentes no avisaron por radio de la persecución. Vega condujo el carro rápidamente por un callejón estrecho, pero había un carro aparcado junto a un muro de concreto y estrelló el vehículo patrulla, aplastando la cabeza de Alegría contra el tabique de la caja. Vega se había atrapado inadvertidamente a sí mismo y no podía abrir la puerta, por lo que el agente salió por la ventanilla y se subió al cofre del carro. Alegría suplicó a los agentes del sheriff que le dejaran salir, y Vega le dijo: “Lárgate de aquí”.

Alegría se marchó y dijo que una familia que descargaba víveres de su carro le dio agua y le dejó llamar a su padre. Cuando llegó su padre, Alegría fue detenido por otro agente, que lo esposó y lo metió en la parte trasera de un carro patrulla. Alegría contó al Times que cada 10 minutos venía un agente a preguntarle si necesitaba atención médica. Cuando dijo que sí, no se la dieron. Lo llevaron al hospital casi una hora después y le dieron puntos. En el hospital, Alegría dijo que un agente le obligó a firmar una citación por causa de estar bajo los efectos de metanfetamina para dejarlo en libertad. 

Según la queja, Vega y Hernández intentaron encubrir lo ocurrido con Alegría. En su informe, afirmaron que una “gran multitud” de entre 15 y 20 personas se reunió en torno a un errático Alegría. Los agentes afirmaron que lo detuvieron y lo trasladaron fuera de las normas porque temían que el grupo intentara ayudar a Alegría. Los cargos contra Alegría fueron retirados durante una audiencia preliminar. Presentó una demanda contra el condado, que está pendiente. Vega y Hernández permanecieron en la calle.

Una familia rota

En el verano de 2020, la familia Guardado vivía en el barrio coreano de Los Ángeles. Elisa y Cristóbal Guardado huyeron de la violencia en El Salvador derivada de la guerra civil salvadoreña y formaron una familia en la ciudad. Su hijo Andrés, de 18 años, recién graduado del colegio, estudiaba en el Los Angeles Trade Technical College. Andrés también trabajaba como guardia de seguridad para Street Dynamic Auto Body en Gardena. Su vida se truncó mientras trabajaba una noche, poco después de un encuentro con los agentes Vega y Hernández.

El 18 de junio de 2020, a las 5:53 PM, Guardado se encontraba fuera del taller mecánico hablando con dos personas aparcadas en un Lexus blanco. Según una queja presentada contra el condado, Vega y Hernández aparcaron su vehículo patrulla junto al lado del conductor del Lexus y se bajaron rápidamente. Guardado se asustó y huyó detrás de la reja de entrada de la propiedad y hacia un callejón. Los agentes sacaron sus pistolas y le persiguieron. Andrew Haney, que trabajaba en el taller mecánico y presenció el tiroteo, declaró a LA Taco que Guardado se arrodilló y un agente del sheriff le disparó. Vega disparó su arma contra Guardado seis veces, alcanzándolo cinco veces en la espalda. Cada una de las heridas tenía capacidad letal. Haney también dijo a LA Taco que los agentes registraron el taller sin una orden judicial y destruyeron varias cámaras de vigilancia. 

En un principio, el sheriff Alex Villanueva puso una “retención de emergencia” en el informe de la autopsia de Guardado. Funcionarios del departamento declararon entonces que la retención podría durar “de meses a años, dependiendo de la investigación y de la agencia.” Un informe independiente concluyó que Guardado había recibido cinco disparos por la espalda. El jefe médico forense del condado de Los Ángeles, el doctor Jonathan Lucas, desafió la orden de Villanueva y publicó el informe en julio de 2020. Lucas dijo en un comunicado: “Creo que el gobierno puede hacer su parte siendo más oportuno y más transparente en el intercambio de información que el público exige y tiene derecho a ver.” Declaró que la muerte de Guardado fue un homicidio. 

Varios funcionarios del gobierno local emitieron declaraciones sobre el tiroteo. Las representantes Maxine Waters y Nanette Diaz Barragán emitieron una declaración conjunta en la que pedían al entonces fiscal general de California, Xavier Becerra, que investigara de forma independiente el asesinato de Guardado. El fiscal municipal de Compton, Damon Brown, envió una carta al LASD exigiendo la destitución de Vega y Hernández. El supervisor del condado de Los Ángeles, Mark Ridley-Thomas, también pidió una investigación independiente. 

Tras la muerte de Guardado, se organizaron varias protestas en toda la zona de Los Ángeles. El 21 de junio de 2020, unos 500 manifestantes se reunieron en la intersección de Figueroa Street y West Redondo Beach Boulevard para marchar hacia la estación de Compton. Cuando llegaron, fueron recibidos por personal del LASD con equipo antidisturbios. Manifestantes pacíficos, observadores y miembros de la prensa fueron tiroteados con munición menos letal y gas lacrimógeno. Al menos ocho personas fueron alcanzadas por proyectiles y resultaron heridas. El grupo presentó una denuncia federal contra el condado y el sheriff Villanueva, junto con otros manifestantes que protestaban contra la violencia policial en manifestaciones por todo el condado de Los Ángeles. Jorge González, abogado del caso, dice a Knock LA que tiene “todas las razones para creer” que la pandilla de agentes influyó en las acciones del LASD ese día. “Se supone que están deteniendo una amenaza, no castigando por algo”.

González asistió a una rueda de prensa organizada por el National Lawyers Guild en respuesta al trato dado a los manifestantes el 11 de septiembre de 2020. Abogados y testigos se reunieron frente a la estación del sur de Los Ángeles unos días después para hablar sobre el incidente. Los agentes equipados con material antidisturbios rodearon al pequeño grupo que se había reunido y los bloquearon. 

“Nos rodearon y básicamente nos atraparon ahí”, dice González. “Pude ver la expresión de sus caras, nos miraban como si fuéramos basura, como si fuéramos el enemigo”.  

El periodista independiente Vishal P. Singh captó a David Cunningham III, candidato para el consejo de la ciudad que estaba ahí como observador legal, siendo agarrado por un agente. Cuando Cunningham intenta salir de la zona barricada, un agente entrega su escudo a un colega y agarra a Cunningham en lo que parece un intento de tirarlo por encima de la barricada. El teniente John Satterfield, un portavoz del departamento, dijo al Los Angeles Times que el equipo de respuesta del sheriff aseguró el aparcamiento de un negocio a petición de un gerente. No dijo qué negocio hizo la solicitud.

En noviembre de 2020, la junta de supervisores de Los Ángeles ordenó una investigación sobre el asesinato de Andrés Guardado, algo que no se había hecho en casi 30 años. El procedimiento pretendía ser un examen judicial del incidente. Sin embargo, los dos detectives de homicidios del sheriff que investigaban la muerte de Guardado comparecieron en la investigación, pero se negaron a responder a las preguntas alegando su derecho a acogerse a la Quinta Enmienda. Vega no compareció en la investigación. En su lugar, presentó una declaración en la que decía que, si se le llamaba a declarar, se acogería a su derecho a la Quinta Enmienda y no respondería a las preguntas. La juez jubilada del tribunal de apelaciones Candace Cooper consideró que no era necesario llamar a más testigos y obtener más pruebas, dando por concluido el asunto. Su decisión significa esencialmente que la versión del departamento del sheriff sobre la muerte de Guardado será la versión oficial hasta que sea revisada durante un juicio. Al mes siguiente, Vega y Hernández fueron suspendidos del departamento por estrellar su vehículo con Jesús Alegría en la parte trasera.

La familia Guardado ha presentado una demanda civil contra el condado y el departamento, que está pendiente. Ryan Casey, uno de los abogados que representa a la familia, dice a Knock LA que el caso se ha retrasado debido a la investigación criminal en curso. “La postura que están adoptando está dificultando la presentación de pruebas”. Pero Casey dice que su bufete está decidido a sacar a la luz la verdad. “No vamos a poner una pausa o detener nada a menos que el tribunal nos lo diga. Vamos a seguir utilizando todas las herramientas a nuestra disposición.”

LEA MÁS: Lo que no sabemos