LA County Sheriff
Los asesinatos, el acoso y el hostigamiento ya no sólo hacían ganar tinta a los miembros de las pandillas de agentes — les permitían ascender o volver a ser contratados con pagos retroactivos.
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Parte de Una tradición de violencia, una extensa investigación de más de cinco décadas de abuso, terror y asesinato llevados a cabo por pandillas dentro del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles.
Advertencia de contenido: Esta serie detalla explícitamente los actos de violencia (incluido el asesinato) llevados a cabo por funcionarios de ejecución de la ley. Por favor cuídese de sí mismo y vea cómo se siente antes de elegir leer.
Hay por lo menos 24 pandillas dentro del departamento del sheriff del condado de Los Ángeles. Funcionarios de varias agencias gubernamentales, incluida la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles, el Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, el Subcomité Senatorial de Conducta de Oficiales de Policía del Senado de California y la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos han escuchado testimonios sobre la violencia infligida a las comunidades a manos de pandillas de agentes. Las pandillas de agentes han asesinado por lo menos a 40 personas, todas ellas hombres de razas oprimidas. Por lo menos 10 de ellos tenían una enfermedad mental. El condado de Los Ángeles mantiene una lista de demandas relacionadas con las pandillas de agentes. Los litigios relacionados con estos casos le han costado al Condado poco más de $100 millones durante los últimos 30 años.
En la sección 186.22 del Código Penal de California, una pandilla criminal se describe como cualquier organización o grupo de tres (3) o más personas que
1. tiene un nombre, símbolo o signo de identificación compartido
2. tiene, como una de sus actividades principales, la comisión de una de una lista larga de delitos en California y
3. cuyos miembros se han involucrado en un "patrón de actividad de pandillas criminales" … solos o colectivamente.
Las pandillas de los sheriffs encajan en la descripción.
A pesar de las peticiones de Knock LA, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles no proporcionó comentarios para la serie.
Aunque algunas estaciones en las que operaban pandillas acabaron cerrándose, como la estación de Lynwood de los Vikings, los miembros de las pandillas continuaron en el departamento y promovieron su violenta forma de patrullar. Los Grim Reapers tenían su base original en la estación de Lennox, que cerró en 2010 cuando se abrió la estación del sur de Los Ángeles. Los miembros de los Grim Reapers llevan tatuado en la pierna un esqueleto con capucha negra sosteniendo una guadaña, que se parece al símbolo medieval de la muerte. Para recibir la tinta, se alega que los agentes tienen que participar en el tiroteo mortal de un civil.
El 17 de octubre de 2012, los agentes Samuel Gómez y Joshua Kelley-Eklund arrestaron a Jilberto Gutiérrez, de 27 años de edad, durante una parada de tráfico por sospecha de posesión de una sustancia controlada. Tras su arresto, Gutiérrez fue transportado por los agentes a su casa, que fue rápidamente inspeccionada, según documentos judiciales. Mientras estaba detenido, Gutiérrez sintió un dolor en el pecho y fue trasladado al Centinela Hospital Medical Center. Alrededor de la una de la mañana del 18 de octubre, los agentes David Chevez y Lawrence Swanson, Jr. golpearon, dispararon y mataron a Gutiérrez mientras estaba acostado esposado a la cama. Gary Casselman, abogado que representó a los hijos de Gutiérrez, dijo que el tiroteo “fue un asesinato, según mi opinión”.
Los agentes del sheriff afirmaron que Gutiérrez intentó tomar sus armas. Su compañera de habitación en el hospital dijo a los investigadores del departamento que no vio mucho. Los investigadores de homicidios del LASD Frank Salerno y Ronald Duval investigaron el tiroteo y los agentes fueron absueltos. Sin embargo, Casselman afirma que la ciencia apuntaba en otra dirección: “La demostración y la descripción del Sr. Chávez de lo ocurrido y de dónde se encontraba no concordaban con las pruebas médicas de la oficina del forense”. De hecho, la descripción del tiroteo por parte del experto médico afirmaba que los agentes del sheriff estaban de pie sobre Gutiérrez cuando le dispararon.
Los dos hijos pequeños de Gutiérrez y su madre presentaron una demanda de derechos civiles contra el condado y los agentes involucrados. Tanto Chevez como Swanson declararon bajo juramento que fueron juntos a hacerse los tatuajes de la Parca, apenas seis meses después de la muerte de Gutiérrez. Los agentes Ramón Muñoz y Meza, que también tienen el diseño de la Parca, los acompañaron. Chévez negó cualquier asociación negativa con el diseño, diciendo que los agentes que tenían el tatuaje, “… son simplemente personas honestas, trabajadoras y leales que están muy orgullosos de ser miembros de la estación”.
Gutiérrez tenía un tatuaje en el pecho que decía “Que se joda la policía”, lo que Casselman sospecha que pudo haber contribuido al tiroteo. “Le hicieron un electrocardiograma. Tuvieron que abrirle la camisa y los agentes del sheriff estaban allí de pie”, cuenta a Knock LA. “Eso puede haberles hecho empezar mal con este tipo”. Casselman y los otros abogados tomaron la decisión de excluir la mención del tatuaje de Gutiérrez en el juicio. Hoy no está seguro de si fue la decisión correcta. “Nos quedamos en la situación de: ‘Bueno, si la versión del agente del sheriff no es la que ocurrió, ¿por qué iba a ocurrir esto?’ Y habíamos evitado incluir una posible explicación”.
El condado ofreció dos millones de dólares para resolver el caso antes de que fuera al jurado para un veredicto. La familia rechazó la oferta y finalmente perdió el caso en los tribunales. “Teníamos un jurado que probablemente no era el más brillante y que estaba a favor de la policía. Recibieron el veredicto un viernes por la noche… y ya querían irse a casa”, dice Casselman. “Nadamás le dieron la razón a la defensa y se lavaron las manos”.
Violencia doméstica
Un miembro de una pandilla de agentes ejemplifica un problema que, según los datos, afecta a las parejas de hasta el 40% de las familias de los agentes de la paz: la violencia doméstica.
A finales de 2013, el agente del sheriff Caren “Carl” Mandoyan empezó a salir con una agente que conoció un año antes en la estación de West Hollywood. Ella permanece sin identificar por su seguridad. La mujer era inicialmente su aprendiz, según el testimonio de Mandoyan. Después de que Mandoyan fuera trasladado a la estación sur, ambos se comunicaban con regularidad e iniciaron una relación, que ella calificó como “hostil”. La mujer declaró que Mandoyan intentó, en repetidas ocasiones, controlar con quién hablaba a lo largo de su relación, le dijo que no asistiera a las reuniones obligatorias en el trabajo e incluso le robó las llaves de su patrulla, dejándola tirada en un estacionamiento mientras estaba de servicio. Mandoyan también la seguía a casa y se negaba a marcharse si ella intentaba romper con él. Cuando ella no contestaba a sus llamadas, Mandoyan se conectaba al sistema de seguridad de su casa para ver lo que hacía y escuchar sus conversaciones. Dijo que se sentía atrapada porque él era una “Parca”, lo que él parece confirmar en una llamada telefónica que ella grabó. Mandoyan la llamó cosas como “puta irrespetuosa de mierda” y la amenazó diciéndole: “Te mereces lo que te va a pasar” y “Esto es lo que les pasa a las putas irrespetuosas de mierda. Ya lo verás”.
En septiembre de 2014, Mandoyan se reunió con la mujer y una amiga suya en un bar de El Segundo. Ella dice que las cosas se pusieron incómodas cuando él se apareció y se dirigieron a la casa de ella. Una vez que su amiga se fue, dice que Mandoyan le rompió los pantalones y la estranguló, dejándole marcas alrededor del cuello. Cuando ella se logró escapar y encerrarse en un cuarto, él supuestamente dio una patada tan fuerte a la puerta que dejó un enorme agujero. En ese momento ella le dijo que se fuera. Él lo hizo, llevándose su celular. Mandoyan dice que no hubo nada físico entre él y la mujer esa noche, y que un juguete para gatos causó el daño a la puerta.La relación sentimental había terminado en diciembre de 2014, pero Mandoyan y la mujer siguieron en contacto. También siguió acosándola. Las cosas empeoraron en torno al 27 de diciembre de 2014, cuando Mandoyan intentó entrar a su casa. La mujer grabó tres vídeos de Mandoyan, uno de los cuales muestra a Mandoyan agachado junto a la puerta corredera de cristal de la víctima utilizando un objeto metálico para manipular la parte inferior de la puerta.
Caren “Carl” Mandoyan intentando forzar la puerta de la casa de una exnovia el 27 de diciembre de 2014.
La mujer también reportó que Mandoyan intentó entrar a su casa durante la madrugada del 26 de enero de 2015. Lo grabó en su baño a oscuras mientras abría una ventana cerca de su ducha. Ella le dice: “¡Lárgate de mi casa, Caren! ¡Fuera! ¡Para, hombre!” mientras Mandoyan le dice que salga.
Sonidos de Mandoyan intentando entrar a la fuerza al domicilio de la mujer en la madrugada del 26 de enero de 2015.
Más tarde declaró que Mandoyan le arrojó artículos de tocador que tenía en el marco de la ventana. Dijo que no llamó a la policía por estos incidentes porque no quería involucrar a los cuerpos policiales ni que Mandoyan perdiera su trabajo.
La mujer le sigue gritando a Mandoyan, exigiéndole que se vaya. Amenaza con llamar a la policía.
Más tarde, recibió mensajes de texto anónimos amenazadores que creía que eran de Mandoyan. Alrededor del 21 de junio de 2015, se reunió con Mandoyan en su apartamento para pedirle que dejara de enviarle mensajes de texto. Poco después, una de sus amigas le dijo que Mandoyan la estaba siguiendo. Reportó el comportamiento de Mandoyan a su supervisor, que presentó un informe al departamento, y los mensajes anónimos cesaron. El departamento determinó que Mandoyan podía haber cometido actos delictivos y le dijo que se presentara en el departamento de policía de El Segundo (ESPD, por sus siglas en inglés). Mandoyan fue exento del servicio el 10 de julio de 2015. Pocos días después, la mujer solicitó una orden de restricción temporal contra Mandoyan y presentó su denuncia. Más tarde se ejecutó una orden mutua de alejamiento. La ESPD presentó un caso a la oficina del fiscal del distrito de Los Ángeles, que se negó a procesarlo.
El abogado de Mandoyan, Gregory Smith, sostiene que el departamento representó incorrectamente las declaraciones de Mandoyan cuando fue dado de baja inicialmente. Dice que su cliente vivía en la casa con la agente y que ambos “discutían constantemente”. Dice que las declaraciones de la mujer son consecuencia de Mandoyan terminando la relación con ella.
Mandoyan fue dado de baja del LASD el 14 de septiembre de 2016. Apeló la decisión ante la Comisión de Administración Pública Internacional (CSC, por sus siglas en inglés) poco más de una semana después. Su audiencia tuvo lugar durante cinco días en 2017. El funcionario encargado de la audiencia emitió un informe de 29 páginas en enero de 2018 en el que confirmaba el despido. Mandoyan presentó objeciones, que la comisión rechazó. Pero Mandoyan volvió a presentar una demanda ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles para intentar anular la decisión final de la comisión y recuperar su trabajo. Mientras los casos de Mandoyan pasaban por el sistema, él pasaba el tiempo trabajando en la campaña para sheriff de un viejo amigo suyo: Alex Villanueva. El propio Villanueva demandó al condado una vez, y llegó a un acuerdo provechoso, por malos tratos del departamento.
Los dos casos de Mandoyan permanecieron activos hasta que supuestamente se resolvieron mediante un “acuerdo de conciliación” ejecutado el 28 de diciembre de 2018, sin la aprobación del condado, justamente un mes después del ascenso de Villanueva a sheriff. El ex-jefe de personal de Villanueva, Lawrence Del Mese, envió un correo electrónico a la ex-jefe Alicia Ault buscando a “lograr el objetivo de regresar [Mandoyan] al trabajo”. Ault renunció más tarde por la petición. Villanueva juró su cargo el 3 de diciembre de 2018, y Mandoyan fue uno de los más visibles en el escenario durante la ceremonia. Diez días después, el jefe Steven Gross recibió un memorando en el que se documentaba una “cronología manejable y un análisis resumido de las pruebas clave” que utilizaría un previsible “Panel de la Verdad y la Reconciliación” para volver a examinar los casos de los agentes dados de baja anteriormente del departamento.
Villanueva dijo sobre el caso: “Inicié la revisión. Solicité: ‘Bien, empecemos la revisión, elijamos, empecemos con los asuntos de menor importancia que tengamos que abordar’ y fue entonces cuando le pasamos el proceso al chief Gross y luego él decidiría por su cuenta: ‘Bien, ¿es esto sustentable o no?’”
El 21 de diciembre de 2018, ocho días después del memorando, el Panel de la Verdad y la Reconciliación se reunió para discutir el caso Mandoyan. El Los Angeles Times reportó haber visto un documento que afirmaba que el caso de Mandoyan fue revisado por el entonces asistente y sheriff Caveman tatuado Timothy Murakami, los jefes Eliezer Vera y Steven Gross. Una semana después, un informe adicional determinó que Mandoyan se enfrentaba a una disciplina excesiva. El panel recomendó rescindir el despido de Mandoyan y, en su lugar, imponer una suspensión de 12 días. El 28 de diciembre de 2018, Mandoyan se reincorporó al departamento. Su acuerdo incluyó salarios atrasados acumulados desde su despido. El 8 de enero de 2019, el entonces asistente sheriff Timothy Murakami solicitó que Mandoyan se reintegrara al servicio completo a partir del 30 de diciembre de 2018. La junta de supervisores declaró contra Villanueva en la corte en marzo de 2019 por su decisión de reincorporar a Mandoyan. El 19 de agosto de 2019, el juez del tribunal superior del condado de Los Ángeles Mitchell L. Beckloff ordenó un mandamiento cautelar contra la recontratación de Mandoyan. Beckloff dictaminó el 28 de septiembre de 2020 que la reincorporación de Mandoyan por parte de Villanueva era ilegal. El último recurso de Mandoyan fue desestimado en marzo de 2021. Smith afirma que tiene previsto continuar la batalla para recuperar la placa de Mandoyan. “Soy optimista porque la ley está de nuestro lado. Soy pesimista por toda la notoriedad que tuvo [el caso]”.
Otros agentes del sheriff han conseguido apelar la decisión del departamento de darles de baja tras ser descubiertos por cometer irregularidades. En 2010, varias demandas presentadas ante la Comisión de Administración Pública Internacional indicaban que un grupo de agentes del Grupo especial de lucha contra las pandillas (GET, por sus siglas en inglés) consiguieron recuperar sus puestos tras ser despedidos por pertenecer a una pandilla recién formada.
Los Jump Out Boys
En 2007, el agente Curtis Sykes se unió al GET en la estación de Palmdale. El agente Douglas Parkhurst recomendó a Sykes, con quien había trabajado anteriormente en su carrera en el centro penitenciario del norte del condado (North County Correctional Facility). (Los agentes del sheriff suelen comenzar su carrera en los centros penitenciarios del condado). Más tarde, Sykes y Parkhurst se asociaron en Palmdale y trabajaron juntos durante casi dos años. Eran “como hermanos y desarrollaron un fuerte vínculo basado en el respeto mutuo y la confianza que siguen compartiendo hasta el día de hoy”, según los documentos judiciales. En 2009, Sykes se trasladó a la unidad de Compton y trabajó con el agente Steve Vargas. Un año después, Sykes y Vargas decidieron hacerse un tatuaje.
Fueron juntos a un estudio de tatuaje en Pico Rivera y trabajaron con un artista para idear un diseño: una calavera con revólver y ojos rojos que lleva un pañuelo con las letras OSS, que parecen representar a la unidad Operation Safe Streets (a la que pertenece GET). Detrás de la calavera hay dos naipes, el as y el ocho de picas, o lo que se conoce como “La mano del muerto”. Cada tatuaje está numerado y se coloca en la parte inferior de la pierna. Sykes se puso en contacto con su antiguo compañero, Parkhurst, que trabajaba en la isla Catalina, para hacerse el tatuaje en 2011. Parkhurst dijo que se sentía “honrado de que se lo pidieran, puesto que ya no era miembro de GET”, y accedió a tatuarse.
El agente Julio Martínez trabajó en GET en la estación de Compton entre 2009 y 2010 con el agente Ronnie Pérez. Alrededor de 2010, Martínez se trasladó a la unidad del Este de Los Ángeles y se asoció brevemente con el agente Anthony Páez.
Vargas hacía ejercicio ocasionalmente en el gimnasio de la estación del Este de Los Ángeles en 2011, que es donde Martínez dice que se fijó en el tatuaje de Vargas. Martínez le contó a su compañero sobre el diseño y ambos supuestamente decidieron hacérselo. Parkhurst, Martínez, Pérez y Páez se tatuaron juntos el mismo día. El agente Jason Lanksa también vio el diseño y se hizo el tatuaje una semana después.
Los Jump Out Boys estaban en el negocio. Incluso recibieron la bendición tácita de altos cargos del departamento para operar fuera de la ley. El entonces sheriff Paul Tanaka insistió en una reunión de la Century Station en que los miembros del LASD “trabajaban en la zona gris”. El personal del LASD participó en actividades que eran claramente ilegales.
El 24 de agosto de 2011, Martínez y Páez afirmaron que fueron testigos de una venta de drogas en curso mientras patrullaban. LA Weekly obtuvo un vídeo de vigilancia que captó imágenes de lo que realmente ocurrió. Se ve a un hombre, más tarde identificado como Antonio Rhodes, saliendo de Superior Herbal Health Dispensary seguido por el guardia de seguridad Dante Benton. Ambos chocan sus puños. Martínez escribió en un informe que Rhodes vio entonces a los agentes y buscó un arma, lo que no ocurre en la cinta. Rhodes vuelve a la sala de exposición del dispensario, devuelve una bolsa de marihuana al cajero y se queda quieto contra la pared. El informe de Martínez afirma que miró por una ventana y vio a Rodas escondiendo una pistola. A continuación, se ve a Martínez y Páez entrar a la sala y ordenar a todos que salgan. Una vez fuera, Páez mete la mano en un cajón de la sala de exposición y coloca una pistola en una silla. En su informe, Martínez escribió que, tras un “barrido de protección” del edificio, la pareja descubrió una pistola no registrada, junto con otras tres pertenecientes a los guardias de seguridad. Los agentes detuvieron a Rhodes y le acusaron de posesión de un arma no registrada. Posteriormente se retiraron los cargos.
El logotipo de la calavera de ojos rojos de los Jump Out Boys empezó a llamar atención no deseada. El agente Jason Lanksa dijo en una presentación judicial que el capitán Robert Rifkin vio el tatuaje en el torneo anual de golf de la OSS en 2011 y pidió al teniente Henry Saucedo que investigara. Curtis Sykes acabó dejando la GET para trabajar en el Departamento de Libertad Condicional. Pero antes de su salida, estuvo al centro de un incidente que resultó en la exposición de los Jump Out Boys a miembros de alto nivel del LASD.
Los Boys se descubren
En febrero de 2012, el sargento Patrick Tapia y el teniente Henry Saucedo miraron en la cajuela de una patrulla que Sykes y Vargas habían estado utilizando. Encontraron una revista de fitness en el maletero del coche y, dentro de ella, cuatro páginas de un artículo titulado “Descubierta una pandilla policial” y tres páginas de un documento titulado “Jump Out Boys Creed”. Contiene secciones tituladas “Misión de los Jump Out Boys”, “La iniciación”, “Información general” (que está en blanco), “Significado de los tatuajes” y “Revisiones” (que está en blanco). El documento resume las normas sobre cómo hacerse miembro y cómo la junta dirigirá el grupo. La única referencia a un tatuaje afirma que “los ojos rojos estarán en todos los tatuajes de Jump Out Boys” y “si la pistola echa humo significa que el miembro ha estado involucrado en al menos un tiroteo”. Afirma que cada miembro recibirá un número para indicar su membresía en la “hermandad organizada que sigue una estructura con el fin de recopilar y revisar a los miembros que se inscriben en un folleto.”
Tapia y Saucedo llevaron los documentos que descubrieron al teniente Marks, quien dio instrucciones a Saucedo para que informara al equipo GET que la conducta expuesta era inaceptable.
El asesinato de Arturo Cabrales
El 7 de marzo de 2012, Arturo Cabrales, de 22 años, estaba pasando el rato en su casa con su amigo Freddie Solís. Mientras estaba en el patio, vio a un grupo de agentes acosando a su tío, Jen Ramos. Los agentes William Turpin, Eduardo Hernández, Steve Espercueta y Anthony Páez se acercaron e intentaron entrar a la casa sin una orden judicial. Cabrales se lo dijo a Paez, y Paez respondió diciéndole que no necesitaba una orden y forzando la entrada. Cabrales se dio la vuelta y huyó de Páez, que empezó a disparar, matándolo. La familia de Cabrales presentó una demanda en la que alegaba que los agentes Paez, Turpin, Espercueta y Hernández no prestaron atención médica a Cabrales y lo dejaron desangrarse en el pavimento.
Los agentes, y Jump Out Boys, Curtis Sykes y Steven Vargas acudieron al lugar. A su llegada, el agente Martínez supuestamente recuperó una pistola al otro lado de la cerca de Páez. Los detectives de homicidios del LASD investigaron el incidente. Llegaron a la conclusión de que Cabrales se giró y apuntó con un arma a Páez, quien le disparó en defensa propia. Según las conclusiones del médico forense, eso era imposible. “Mi cliente no podría haber arrojado un arma por encima de una cerca de 3 metros. La forma en que recibió el disparo en la espalda no podría haberlo hecho”, dice Humberto Guizar, abogado de la familia Páez. “Es interesante que los investigadores de homicidios del departamento del sheriff no miren en absoluto las pruebas de pandillas que involucran a agentes del sheriff”. El caso eventualmente se resolvió con un acuerdo, la familia recibió $1,5 millones de dólares, con los contribuyentes obligados a pagar la cantidad junto con los costos del abogado.
La investigación de los Jump Out Boys
En abril de 2012, varios Jump Out Boys se mostraron “preocupados” por los cambios en el LASD, según los documentos judiciales. En señal de protesta, Martínez reunió a un grupo de empleados para que no participaran en la carrera anual “benéfica” Baker to Vegas del departamento. Más tarde cambiaron de opinión y participaron. Durante la carrera, el Los Angeles Times publicó un artículo sobre la pandilla y sus tatuajes. En el artículo también se afirmaba que el grupo era sujeto de una investigación.
La investigación de asuntos internos del departamento entrevistó a 21 agentes del GET. Cinco de ellos afirmaron que les habían pedido que se hicieran el tatuaje. El agente Chad Sessman declaró en su entrevista que se sentía “honrado” de que se lo pidieran porque “consideraba a los agentes como agentes que trabajan duro, que salen y llevan a los malos a la cárcel”. La investigación también descubrió un correo electrónico que el agente Douglas Parkhurst envió a Mike Zollo, antiguo miembro del GET, preguntándole si quería hacerse el tatuaje de los Jump Out Boys. Ronnie Pérez envió una foto a su novia mostrando su tatuaje en la parte inferior de la pierna. Julio Martínez envió un mensaje de texto colectivo a varios agentes del sheriff en el que aparecía una fotografía de varios miembros del LASD, entre ellos el entonces Sheriff Tanaka, mostrando sus respectivas señas de pandilleros y tatuajes.
El Los Angeles Times reportó que, en algún momento de la investigación, el capitán Bob Rifkin reunió a los agentes de la unidad de pandillas y les dijo que, aunque el credo de los Jump Out Boys había avergonzado al departamento, nadie sería despedido por ello. Los testigos afirman que Rifkin les animó a seguir “pasando por encima” o “doblando” la línea para obtener resultados, lo que los agentes entendieron como saltarse las normas, según los documentos internos. Rifkin pidió a Martínez que investigara a la pandilla. Se reunió con Vargas, quien identificó como miembros a Jason Lanksa, Anthony Paez, Douglas Parkhurst, Ronnie Perez, Curtis Sykes y a él mismo. Vargas también identificó a Martínez, el agente del sheriff que investigaba a la pandilla, como miembro de la misma. En mayo de 2012, todos fueron relevados de sus funciones y puestos en baja administrativa. En marzo de 2013, fueron dados de baja del departamento. Los siete agentes apelaron su despidos. Sykes y Vargas perdieron sus reclamaciones y no se les permitió volver al departamento. Sin embargo, la Comisión de Administración Pública Internacional votó en 2015 a favor de anular los despidos de Lanska, Pérez y Parkhurst y, en su lugar, redujo la sanción a suspensiones de 30 días.
Ese mayo, asuntos internos volvió a examinar la redada en el dispensario que Martínez y Páez llevaron a cabo en 2011. Martínez mintió en su informe, afirmando que él y Páez encontraron una pistola cromada en la sala de exposición del dispensario y una pistola negra en un escritorio. De hecho, Martínez mismo colocó
el arma sobre el escritorio, hecho que quedó grabado en una película. Martínez se declaró culpable de falsificar informes policiales y fue condenado a 300 horas de servicios comunitarios. Los agentes presentaron demandas civiles para que se les retiraran esas suspensiones. Mientras tanto, Sykes y Vargas presentaron sus propias demandas para recuperar sus puestos de trabajo. Chief James López, quien ordenó el despido del grupo, declaró que permitir que los Jump Out Boys conservaran sus empleos sería “devastador para la confianza pública”. A pesar de esto, Lanska, Pérez y Parkhurst ganaron sus casos en 2017, borrando las acciones disciplinarias de los Jump Out Boys de sus expedientes. También se les concedieron pagos de 103.480,92 dólares, 163.236,20 dólares y 196.995,38 dólares, respectivamente.
La Comisión de Administración Pública Internacional recomendó en 2016 que Anthony Páez, quien mató a Arturo Cabrales y mintió sobre plantar armas en el dispensario, fuera recontratado. En septiembre de 2018, su despido se redujo a sólo una suspensión de 15 días, mientras aún estaba en medio de un litigio por su papel en el incidente del dispensario. En una audiencia el 29 de julio de 2020, se concedió la petición de Páez, anulando su suspensión y disciplina. También se ganó el pago retroactivo de su salario, con intereses.
Páez es sólo uno de los varios agentes identificados como parte de una pandilla de agentes a los que se permitió permanecer en el cuerpo. Y a medida que pasaba el tiempo, eran más los que podían salirse con la suya matando a civiles, una y otra vez.
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